El juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto le dio 60 días a la intendencia para que en 60 días acate una medida que se viene incumpliendo
Por Andrés Klipphan
El juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto le otorgó a la municipalidad de Luján “60 días hábiles administrativos” al intendente Leonardo Boto para que cumpla con la orden de dejar de arrojar las 120 toneladas diarias de residuos que producen los vecinos de esa localidad bonaerense en el basural a Cielo abierto de esa localidad y los deriven a otro lugar -como podría ser la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El mayor vertedero del país funciona allí hace 50 años y ya contaminó napas de agua y tierras.
La resolución avala la hipótesis de que el Municipio es reticente a remediar la situación que es objeto de pleito, pese a haber tenido el tiempo suficiente para solucionar la cuestión desde abril del año pasado.
Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, el 21 de abril, dispuso paralizar, de manera preventiva, la construcción de una planta reciclado y el relleno sanitario ubicada en el denominado predio Estación Sucre, ubicado a casi dos kilómetros del vertedero y le prohibió al Municipio seguir arrojando en el Basural a Cielo Abierto los desechos locales, al resolver a favor de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos y empresarios de la zona -entre ellos Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle-, que ven perjudicados sus emprendimientos agropecuarios a través de los que emplean a cientos de trabajadores.
Después de analizar la presentación judicial, el juez federal de Mercedes entendió que era válido el reclamo de las personas que se sentían damnificadas, por ejemplo, ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
La obra de Luján se realiza con un préstamo de unos 18 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los mismos demandantes se presentaron ante la oficina externa de investigación que realiza las auditorías para el BID afirmando que la obra de Ecoparque y Centro Ambiental, que forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, y que fue adjudicada a la empresa EVASA “podía producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio (…)“Aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”
La situación en Luján es muy compleja ya que hasta el momento no se encontró una solución sostenible para todos los vecinos de la localidad.
Como ya informo este medio, el Consejo Deliberante local aprobó el 5 de septiembre de 2016, la ordenanza 6695 que autorizaba al Ejecutivo local a la suscripción del convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado “para la disposición final de residuos sólidos urbanos”. El convenio fue firmado durante la gestión anterior, a cargo de Oscar Luciani.
El 20 de mayo de 2019, el ex alcalde realizó una ampliación del acuerdo, llamado “convenio marco”, que sigue vigente y que Boto debería renovar los términos, por ejemplo, sobre el precio que debería abonar por tonelada al disponer sus desechos a la CEAMSE y dejar de contaminar y perjudicar a los vecinos de la municipalidad dónde se erige Basílica Nuestra Señora de Luján.
Fuente: Infobae
